La nueva e innovadora Constitución de la Ciudad de México y el sistema constitucional mexicano – por José Gabriel Clemente Rodríguez

“La nueva e innovadora Constitución de la Ciudad de México y el sistema constitucional mexicano.”

José Gabriel Clemente Rodríguez.


SUMARIO: 1. Génesis y evolución del Distrito Federal en el Federalismo Mexicano. 1.1. ¿Por qué un Distrito Federal en México? 1.2. Qué fue el Distrito Federal. 2. Soberanía. 3. Poder Constituyente. 3.1. Clases 4. Concepto de Constitución. 4.1 ¿Cómo se hace una Constitución? 4.2. ¿Qué puede contener una Constitución? 5. Medios de defensa de la Constitución. 6. Reformas en materia política del artículo 122 Constitucional. 7. Asamblea Constituyente para la elaboración de la Primera Constitución de la Ciudad de México. 7.1. Integración de la Asamblea. 7.2. Elección de los diputados de representación proporcional y composición final. 8. Aspectos novedosos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Preámbulo.


En principio, es importante puntualizar que para poder analizar la nueva Constitución de la ahora Ciudad de México, se estima necesario analizar brevemente el nacimiento y evolución del entonces Distrito Federal, así como su régimen jurídico; explicar básicamente en qué consiste la soberanía y la trascendencia del poder constituyente, para después abordar el tópico de la conceptualización de Constitución y, finalmente, visualizar el contenido innovador de la citada nueva Carta Magna de dicha entidad.
Génesis y evolución del Distrito Federal en el Federalismo Mexicano.

Teóricamente, el federalismo presupone una forma de Estado opuesta al centralismo, caracterizada por ser “…un territorio propio constituido como unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros…” , en donde cada uno de ellos goza de autonomía en su régimen interior, según se establece en el pacto federal que le da vida. El federalismo sugiere así la existencia de un espacio geográfico que sirva de asentamiento de los Poderes de la Unión; a ese territorio se le denominó Distrito Federal. El origen de esta figura jurídica -Distrito Federal-, data de la Constitución de Filadelfia de 1787, y ha servido de modelo para aquellos países que han adoptado esa forma de Estado.


En México, se implantó por primera vez en la Carta Magna de 1824, interrumpiéndose en los regímenes centralistas, y desde 1847 hasta hace unos meses (febrero de 2017), fue evolucionando en el marco del derecho constitucional mexicano, acorde a los acontecimientos y decisiones políticas y sociales. Una consecuencia del Estado Federal es la existencia de distintos ámbitos, órdenes o instancias de gobierno, esto es, la federal, la estatal (también denominada local) y la municipal; tres esferas de competencia que muchos autores y académicos llaman niveles de gobierno. Desde que México surge como nación independiente y hasta 1928, el territorio conocido como Distrito Federal se caracterizó por estar conformado en municipalidades -bajo la denominación de delegaciones políticas-. Sin embargo, el gobierno directo de la entidad estuvo a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, situación que cambió con las reformas constitucionales de octubre de 1993 y agosto de 1996, en que se modificó substancialmente la estructura política de la entidad, pero lo más importante es que terminó el prolongado ciclo en que los capitalinos no gozaban del derecho de elegir a sus propios gobernantes en forma directa y exclusiva, para modernizar democráticamente a la entidad con una asamblea legislativa, jefe de gobierno y jefes delegacionales, emanados de la voluntad popular, a los que se les dotaron de atribuciones para coexistir en armonía con los Poderes de la Unión.
En efecto, todos los sistemas federales del mundo tienden a formalizar su unión con Estados que gocen plena libertad política para organizarse en cuanto a su régimen interior, dentro de un ámbito de igualdad soberana, como estados miembros de una federación, pues tal soberanía radica en la facultad de definir su propio régimen jurídico, naturaleza, que en sus orígenes, no compartió el Distrito Federal.


1.1. ¿Por qué un Distrito Federal en México?


México, al conformar un Estado Federal y seguir el ejemplo de los Estados Unidos de América, decidió incorporar a su sistema político jurídico la figura del Distrito Federal, con peculiaridades que lo distinguían de las demás entidades federativas, toda vez que, en principio, se consideró incompatible la posibilidad de subsistir en un mismo territorio poderes locales y federales, lo que trajo como resultado la ausencia de gobernantes electos en forma directa y exclusiva por los ciudadanos de la capital mexicana. Si bien existieron muchas propuestas para la ubicación de tal capital, fue la de Fray Servando Teresa de Mier, la que predominó, bajo la siguiente expresión: “La verdad sobre este punto es que México está en el Centro de la población de Anáhuac; y ese centro político, y no el democrático, es el que se debe buscar para la residencia del gobierno.”

1.2. ¿Qué fue el Distrito Federal?


El vocablo “Distrito”, tiene su raíz etimológica en el latín distritos, recogido, a lo que se le da el significado de ser la extensión territorial establecida para la atención de los servidores públicos, administrativos y judiciales. Por ello, al referirse a un Distrito Federal, se debe entender a la demarcación territorial perteneciente a una forma de Estado Federal. El jurista Ignacio Burgoa Orihuela, al hacer referencia al Distrito Federal Mexicano, expresó lo siguiente: “…desde el punto de vista político y jurídico es una entidad que, según el artículo 43 Constitucional, forma parte integrante de él. Como entidad, el Distrito Federal tiene obviamente un territorio que delimita la legislación orgánica respectiva, una población, un orden jurídico y un conjunto de órganos de autoridades que desempeñan, dentro de él, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.”
Antes de la llegada de los españoles, el entonces Distrito Federal fue considerado la capital de Mesoamérica. Fundada el 13 de mayo de 1325, fecha convencional en que se cree llegaron los aztecas, tenochas o mexicas desde Aztlán, en busca de la señal prometida por sus dioses, donde encontrarían el asentamiento destinado a formar el gran imperio.

  1. Soberanía. La doctrina de la soberanía pertenece, por su naturaleza, a la teoría general del Estado. Si se ha de acudir a ella, será en la medida indispensable para interpretar nuestras propias instituciones. Ciertamente, el concepto de la soberanía ha sido, desde el siglo XV hasta nuestros días, uno de los temas más debatidos del derecho público. Con el tiempo, y a lo largo de empeñadas discusiones, la palabra “soberanía” ha llegado a comprender dentro de su ámbito los más disímiles y contradictorios significados; de ahí que, al abordar el tema desde diferentes aspectos, sea imposible establecer una definición en torno de un objeto único. Entonces, para lograr entender y explicar el concepto de que se trata, se comenzará por evocar sumariamente el origen, la evolución y los cauces actuales de la idea de soberanía. Así, dicha figura es un producto histórico y, como afirma Jellinek , un concepto polémico. La idea se gestó en los finales de la Edad Media, para justificar ideológicamente la victoria que alcanzó el Rey, como encarnación del Estado, sobre las tres potestades que le habían mermado autoridad: el Papado, el Imperio y los señores feudales. Bodino definió, por primera vez, al Estado en funciones de su soberanía: “… El Estado es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que les es común, con potestad soberana (summa potestas).” De la soberanía, así entendida, nació con el tiempo y sin mayor esfuerzo el absolutismo, localizado en la persona del Monarca, portador de las reivindicaciones del Estado frente a los poderes rivales. Si en la doctrina de Bodino, se admitía que el soberano estaba obligado por las leyes divinas y por las naturales, pronto el pensamiento de Hobbes justificó la dilatación sin límites del poder soberano. El Estado soberano se identificó con su titular y el Rey pudo decir que el Estado era él. Al sustituir la soberanía del Rey por la del pueblo, los doctrinarios que influyeron en la Revolución Francesa no hicieron sino trasladar al nuevo titular de la soberanía las notas de exclusividad, de independencia, de indivisibilidad y de ilimitación, que habían caracterizado al poder soberano. Las dos principales características del poder soberano son: independencia y supremacía. Dentro del sistema americano, el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación. La soberanía, una vez que el pueblo la ejerció, reside exclusivamente en la Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan. Así fue advertido por Kelsen, quien sostuvo que: “… Sólo un orden normativo -dice- puede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca puede ser soberano en el sentido propio del término.” Así, es como la supremacía de la Constitución responde, no sólo a que ésta es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades: es la ley que rige las leyes y que autoriza a las autoridades. Para ser precisos, en el empleo de las palabras Felipe Tena Ramírez afirma que supremacía dice la calidad de suprema, que por ser emanación de la más alta fuente de autoridad corresponde a la Constitución; en tanto que, primacía denota el primer lugar que entre todas las leyes ocupa la Constitución.
  2. Poder constituyente.

    Conceptualmente, se podría entender por “poder constituyente”, al órgano creador de la Constitución de un orden jurídico; esto es, al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico. El poder constituyente es en principio, aunque no sólo, un poder político existencial y fáctico que brota de la comunidad, la que decide darse una Constitución, constituir un Estado o que asume transformar o sustituir el status quo imperante. Tal como lo señala Vanossi, todo poder constituyente cumple cualquiera de las dos siguientes funciones: ya sea expresando un poder fundacional (creando el Estado), o a través del poder de revolución (el cambio de formas del Estado). Los autores clásicos sobre el poder constituyente dicen que su validez jurídica no deriva del ordenamiento previo, constituye una “ruptura” ideológica e institucional con las normas previas, si es que éstas existen. No es, en sus inicios, un acontecimiento jurídico sino político –ahora se señala, por algunos, que en él hay una conciencia ética orientadora y legitimadora-, que termina expresándose jurídicamente. La teoría del poder constituyente ha tenido muy distintas explicaciones. Una de las primeras de carácter moderno fue la contractualista. El origen del Estado y del Derecho es un pacto: la comunidad decide organizarse institucional y jurídicamente desde la libertad, sin vínculos sacramentales o derivados del poder de un sólo hombre. En los Estados Unidos de Norteamérica, el poder constituyente fue el resultado de acuerdos y negociaciones para distribuir el poder al interior de la comunidad. El académico John Wise explicó que en todo proceso constituyente han de distinguirse tres etapas, a saber: a) el momento de la libertad; b) el del pacto social; y, c) el acto constitucional.
    Aquellos actos de seres humanos –y que por consiguiente, tiene una dimensión histórica, en tanto ocurren en el espacio y en el tiempo-, cuya significación sea la de establecer una Constitución, adquieren el carácter de actos constituyentes. El hombre o conjunto de hombres que a través de sus actos establecen una Constitución, reciben el nombre de órgano o “poder constituyente”, y éste, es el que determina a los demás órganos del Estado.


    3.1. Clases de poder constituyente.

    Es habitual que la doctrina constitucional distinga entre un “poder constituyente originario” y un “poder constituyente derivado, permanente u órgano revisor de la Constitución”.
    En tanto que el “poder constituyente originario”, se refiere, comúnmente, al órgano creador de la primera Constitución histórica de un orden jurídico específico, el llamado “poder constituyente derivado o permanente”, o mejor, el órgano revisor de la Constitución, alude al órgano competente para reformar total o parcialmente la Constitución, creada anteriormente.
    En México, el poder constituyente originario corresponde al Congreso Constituyente que creó la Constitución de 1824; sin embargo, también se ha mencionado como tal al grupo de legisladores reunido en Querétaro, desde finales de 1916 a principios de 1917 (tal como en su momento lo hizo ver Venustiano Carranza, se pretendía reformar tal Constitución –de 1824-), fue el que redactó la Constitución vigente; y, por otro lado, el órgano revisor de la Constitución que, de conformidad al artículo 135 de la propia Carta Magna, se compone por el poder legislativo federal –diputados y senadores- y todos los órganos legislativos de las entidades federativas –congresos locales-, requiriéndose que el proyecto respectivo de reforma constitucional sea aprobado por una mayoría calificada de votos de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y por una mayoría absoluta de las legislaturas estatales (Constitución rígida).
    A las anteriores clases de órganos constituyentes es posible agregar el llamado “poder revolucionario” , el cual se caracteriza –siguiendo al tratadista Ulises Schmill Ordoñez–, por constituir un conjunto de actos realizados por ciertos individuos que se arrogan facultades jurídicas que el orden contra el cual van dirigidos no les otorga y cuyo propósito es sustituir irregularmente cierto orden jurídico por otro provisional, con miras a establecer un nuevo orden de carácter definitivo con un contenido político y jurídicamente distinto; cabe advertir que si los actos que irregularmente pretenden sustituir un sistema jurídico establecido –y que por ello, se les atribuye el carácter de revolucionarios- no consiguen su propósito y el orden provisional por ellos propuestos carece de eficacia y no se produce, tales actos no adquieren el carácter de constituyentes, sino por el contrario, quedan comprendidos en el sistema anterior como actos regularmente determinados como delito y sus actores lejos de conformar jurídicamente un órgano constituyente revolucionario, son procesados como delincuentes.
  3. Concepto de Constitución.

    Aquí, se pretende explicar el concepto de Constitución, el cual, como correlativo de soberanía, puede ser configurado desde muy diversos puntos de vista, lo cual es uno de los ejercicios más difíciles de construir dentro del marco conceptual de la ciencia del derecho. Se trata de un concepto que ha tenido y tiene un sinfín de formulaciones, muchas de ellas incluso incompatibles y contradictorias entre sí. La Constitución puede entenderse, por ejemplo, como un ordenamiento jurídico de tipo liberal; como un conjunto de normas jurídicas que contiene las disposiciones en algún sentido fundamentales de un Estado; como un documento normativo que tiene ese nombre; y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que tiene un régimen jurídico particular. Además, hay conceptos absolutos, relativos, positivos, ideales, pactistas, históricos, sociológicos, materiales, racional-normativos, etc., de Constitución.

    La Constitución en sentido material -ha dicho Kelsen, citado por Felipe Tena Ramírez -, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes. La Carta Magna en sentido formal, es el documento solemne que lleva este nombre, a menudo encierra también otras normas que no forman parte de la Constitución, en sentido material. Hay dos elementos fundamentales que dan sentido a una indagación sobre el concepto de Constitución: a) el órgano o poder que la crea; y, b) los contenidos concretos que debe tener una norma de ese tipo.

    El primero de los elementos antes mencionados conduce en forma directa al tema del poder constituyente. Éste, en forma tradicional, no ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista de su integración; regularmente y con evidentes excepciones, las Constituciones históricas han sido otorgadas por el caudillo, el rey, el soberano, la oligarquía de turno, etc.
    Es a partir del siglo XX, cuando los poderes encargados de redactar nuevas Constituciones se comienzan a integrar democráticamente. Sólo entonces se materializa la posibilidad del pueblo de ser soberano, al otorgarse por sí y ante sí un nuevo texto constitucional. Esa es, dentro del modelo del Estado constitucional contemporáneo, la forma en que la soberanía toma sustancia y deja de ser una mera entelequia, al momento de crear un nuevo ordenamiento supremo.

    En lo que se refiere a su contenido, desde el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, se afirma que las Constituciones se abocan a determinar la división de poderes y los derechos fundamentales. Esos dos elementos son una especie de “contenido mínimo”, de cualquier documento que se quiera llamar “Constitución”. Desde luego, dentro del concepto de la división de poderes hay muchas posibilidades organizativas: presidencialismo o parlamentarismo (o sus formas intermedias:

    semipresidencialismo o semiparlamentarismo), monarquía o república, federalismo, regionalismo o centralismo, etc. Sin embargo, debe quedar claro que el Estado constitucional solamente admite una división efectiva del poder, es decir, un sistema que asegure espacios de libertad reales para los particulares; que obligue a la rendición de cuentas de los gobernantes; a la renovación periódica de los mismos; que prevea la existencia de jueces independientes; la competencia básica de cada órgano; los modos de creación y renovación del derecho; etc.

    Sólo cuando existe control del poder puede estimarse que existe un Estado constitucional. Y esto, por la sencilla razón de que, como apunta Manuel Aragón, “… La idea de Constitución…, implica la idea de limitación. Si la comunidad política ha de persistir es imprescindible que el poder tenga, al menos, la limitación mínima de no alcanzar a destruirla; si la comunidad política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será también un límite infranqueable para el poder”.

    También, en el ámbito de los derechos fundamentales, la previsión por parte de los Estados constitucionales ofrece una variedad importante. ¿Cuántos y cuáles derechos deben estar previstos y asegurados en un Estado para que se pueda considerar Estado constitucional? Por regla general, se prevén, entre otros, derechos de libertad, derechos de participación política y un mínimo de derechos sociales, junto a un sistema eficaz de garantías que deben suponer el marco mínimo para todo Estado que quiera ser un verdadero Estado constitucional. Así, la revisión de la historia de los Estados constitucionales permite advertir cuáles son las claves para entender el concepto mismo de Constitución, el papel que se estima puedan cumplir los textos constitucionales y las variedades que los derechos fundamentales y la división de poderes han tenido en los últimos siglos. De ese devenir histórico, se concluye, por ejemplo, que no siempre el Estado constitucional ha sido democrático; no siempre los derechos fundamentales se han impuesto frente a la actividad legislativa; no siempre ha existido la jurisdicción constitucional; no siempre ha estado asegurada la independencia judicial ni se ha podido controlar en sede parlamentaria la acción del Poder Ejecutivo. De hecho, aunque a nivel teórico exista un cierto “modelo” de lo que es el constitucionalismo y la Constitución, lo cierto es que, en realidad, debe hablarse no de uno sino de varios constitucionalismos (el inglés, el norteamericano, el francés, el latinoamericano), y no de uno, sino de varios modelos y/o conceptos de Constitución.

    Desde el punto de vista jurídico, la Constitución es la norma que determina la validez del resto del ordenamiento legal. Dicha determinación es de carácter tanto formal o procedimental como material o sustantivo. Entonces, desde el punto de vista procedimental la Constitución determina la validez del resto de normas del ordenamiento ya que establece las competencias de los distintos poderes para dictar normas jurídicas, así como los pasos que deben llevar a cabo para que tales normas se integren válidamente al ordenamiento. En tanto que, desde el punto de vista sustantivo la Constitución actúa sobre todo como un límite a la creación normativa, pues contiene prohibiciones para el legislador, mandatos de actuación, normas ordenadoras de fines que deben perseguir los poderes públicos, etc. Dichos puntos de vista producen dos distintas formas de validez: una validez procedimental y una validez sustantiva, como señaló Luigi Ferrajoli.

    La superioridad jurídica de la Constitución resulta explícita o implícita. En el caso de la Constitución mexicana de 1917, la supremacía constitucional, también llamada supra legalidad, se encuentra expresamente recogida en el artículo 133 constitucional, que la ubica como: “la ley suprema de toda la unión”, junto con las leyes del Congreso que emanen de ella (de la Constitución, se entiende), junto con los tratados internacionales.

    Aparte que tenga o no reconocimiento explícito, la superioridad constitucional (desde un punto de vista jurídico) surge, por menos, de los aspectos siguientes: a) La Constitución crea a los poderes públicos del Estado; b) Delimita sus funciones, tanto desde un punto de vista positivo como negativo; c) Recoge los procedimientos de creación normativa; d) Reconoce los derechos fundamentales de los habitantes del Estado; e) Incorpora los valores esenciales o superiores de la comunidad a la que rige.
    Como complemento o consecuencia de su supremacía jurídica, la mayoría de las Constituciones contemporáneas son rígidas. La rigidez constitucional es la traducción jurídica de la distinción política (en un primer momento) entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Ello significa -la rigidez-, concretamente, que la Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano y siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para reformar las demás leyes –ordinarias y secundarias-.

    Por tanto, se puede decir que la rigidez de una Constitución se produce siempre que en un determinado texto constitucional existan procedimientos diferenciados para la aprobación de las leyes y para la aprobación de las reformas constitucionales. En ese orden de ideas, la distinción puede hacerse de varias maneras; así, puede establecerse que sea el mismo órgano el que lleve a cabo ambos tipos de reformas, pero a través de un procedimiento diferente, normalmente más complejo para el caso de las reformas constitucionales. Las Constituciones rígidas frecuentemente suele compararse en oposición, para efectos pedagógicos, a las Constituciones flexibles. Es conveniente precisar que resultan con el carácter de flexibles aquellas Constituciones que pueden ser modificadas siguiendo el mismo procedimiento que se sigue para la aprobación o modificación de las leyes. En un sistema constitucional que cuente con una Constitución flexible, como lo ha señalado Riccardo Guastini, la Constitución y la ley tienen la misma fuerza, se encuentran ubicadas en un mismo nivel jerárquico.

    En consecuencia, el principio que regula sus relaciones no es el de lex superior derogat inferiori, sino el de lex posterior derogat priori, la ley (la norma, mejor dicho) posterior en el tiempo deroga a la anterior. Esto significa, además, que si una ley contiene una disposición contraria a la Constitución, dicha ley se entiende no como una violación constitucional, sino como una modificación a lo dispuesto por el texto de la Constitución.

    La rigidez constitucional, si bien guarda estrecha relación con ella, no debe ser confundida con la supremacía constitucional. Como se ha dicho, es rígida una Constitución que no puede ser modificada a través del procedimiento que se sigue para la creación o modificación de una ley, mientras que supremo es un documento constitucional creado por el Poder Constituyente, mismo que desaparece después de haber expedido la Constitución. Puede haber Constituciones que sean supremas y no sean rígidas. La supremacía y la rigidez constitucionales se distinguen también por su objetivo: la primera sirve para identificar a las normas constitucionales, mientras que la rigidez busca contribuir a la estabilidad de la Constitución, al hacer más difícil su modificación.

    La rigidez y la supremacía coinciden, sin embargo, en sus efectos: tanto en virtud de una como de otra, todas las normas del ordenamiento deben adecuarse, tanto formal como sustancialmente, a las disposiciones constitucionales. Si no lo hicieran así violarían tanto la supremacía como la rigidez constitucionales. Ambas características, por tanto, sirven como parámetros de validez del resto de normas del ordenamiento.

    4.1 ¿Cómo se hace una Constitución?

    En líneas precedentes se explicó que el poder constituyente es el órgano creador de la constitución de un orden jurídico, es decir, el que crea el conjunto de normas fundamentales positivas que regirán en un Estado. Los orígenes del poder constituyente se encuentran en el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, expresado en su obra “El contrato social o principios de Derecho Político” , donde analiza la voluntad general o soberanía como poder absoluto, perpetuo, indivisible (inalienable e imprescriptible), que tiene el pueblo, para dirigir las fuerzas del Estado conforme a los fines del bien público temporal que le permite escoger o modificar su forma de gobierno.

    El pueblo, con base en su soberanía, nombra a representantes ante la imposibilidad de actuar al mismo tiempo en su integridad (sociedad), y ponerse de acuerdo sobre el tipo de Estado, Gobierno y de las leyes fundamentales que los han de regir, esos representantes se reúnen en una asamblea con la finalidad de elaborar, construir o constituir un conjunto de Leyes Supremas donde se tipifique una forma determinada de Estado y de Gobierno, así como de sus instituciones, los requisitos para su integración, su esfera de competencia, y sobre todo establecer los derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados. Así, a esa asamblea se le da el nombre de poder constituyente, donde la fuerza de su poder, se itera, surge de la soberanía del pueblo que lo designó, y su única finalidad es la de hacer una Constitución, nombre que se le da al conjunto de normas supremas a las que se ha hecho referencia. También, es importante señalar que un Poder Constituyente Permanente (integrado por el Congreso de la Unión y todas las legislaturas de los Estados integrantes), será el único facultado para hacer reformas o adiciones a dicha Carta Magna.

    Una vez que la Asamblea o Poder Constituyente Permanente da a conocer y pone en vigor la Constitución que se elaboró, se convocará a elecciones conforme a lo establecido en ella, para integrar las instituciones o poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial); al tomar posesión de sus cargos, los integrantes del Poder Legislativo, deja de funcionar y desaparece la Asamblea Constituyente; a dichos poderes se les conoce doctrinalmente como poderes constituidos cuya finalidad es realizar la administración y gobierno del Estado.

    4.2. ¿Qué puede contener una Constitución?

    Sin abundar mucho en los tipos de constituciones que pueden existir, para analizar este tema, primero se tiene que despejar la incógnita de a qué tipo de Constitución se hará referencia; si se trata de una Constitución consuetudinaria, basada en usos y costumbres y, por tanto, con una problemática de contenido muy peculiar; o si es una Constitución escrita pero flexible y que puede alterarse por una simple ley del Parlamento, lo que también supone una problemática específica en determinados temas ligados al contenido como es el tema de la reforma constitucional; o, finalmente, si se trata de una Constitución escrita y rígida, aunque el grado de rigidez puede variar. Es con relación a estas últimas, cuando se puede referir en mayor medida al contenido de una Constitución.

    Una Constitución escrita es en principio una norma jurídica compleja y como toda norma jurídica medianamente compleja formalmente se divide de una cierta manera: en títulos o grandes partes diferenciadas; en capítulos, dentro de cada título; en secciones, dentro de los capítulos y, finalmente, en artículos. Sin embargo, ¿Qué principios –derechos humanos y orgánico institucionales- podrían establecerse en una Constitución?
    Toda Constitución, en su esencia, en primer lugar, debe contener principios jurídicos reconocidos, como los siguientes:
    Principio de supremacía. Este principio implica que la Constitución es la máxima de las leyes, por lo que no existe ninguna otra por encima de ella.

    Principio de primacía. Tal principio enuncia que la Constitución es la norma fundamental, por lo que dentro de la jerarquía de las leyes ocupa el primero de los lugares, resultando que cualquier otra ley del sistema jurídico establecido deriva de la misma; es de resaltarse la íntima relación con el mandato enunciado en el punto anterior.

    Principio de legalidad. El principio de legalidad establece que todo acto jurídico, para poder ser legal debe estar de acuerdo, antes de todo, con la Constitución. Tiene dos implicaciones dependiendo de su referencia al derecho público o al privado: en el derecho público se manifiesta por una prohibición a todo lo que no está expresamente permitido o, en otras palabras, sólo pueden realizarse los actos que faculta la ley expresamente; en el derecho privado, en cambio, se manifiesta como autorización a realizar todo lo que no ésta expresamente prohibido.

    Principio de inviolabilidad. La inviolabilidad de la Constitución significa que no existe ningún acto que pueda desconocer o nulificar la imperatividad constitucional.

    ¿En qué consisten los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos? El tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los que consisten en lo siguiente:
    i). Universalidad: que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona.
    Con relación a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia) , ha señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De ahí que, dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su núcleo esencial es intangible; por ello, la Norma Fundamental señala que ni aun en los estados de excepción se “suspenden”, pues en todo caso, siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario;
    ii) Interdependencia e indivisibilidad: que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente y;
    iii) Progresividad: constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, garantizando los derechos económicos, sociales y culturales.
  4. Medios de defensa de la Constitución.

    En sede federal, las vías jurisdiccionales de defensa de la Constitución son los instrumentos jurídico-procesales destinados a restaurar el orden constitucional y, en México, conforme los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución General de la República, existen las siguientes:
    1.- Juicio de Amparo.
    El juicio de amparo mexicano constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte de los actos jurídicos de derecho público, ya sean materialmente jurisdiccionales, administrativos o legislativos, por lo que tutela íntegramente el Estado de Derecho contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual o inminente, personal y directa a los derechos fundamentales de un gobernado.
    2.- Controversia Constitucional.
    La controversia Constitucional, en el entendido de la fracción I del artículo 105 constitucional, es el juicio que permite resolver un conflicto sobre invasión de competencias, entre los distintos ámbitos federales o los distintos poderes de cada uno de aquéllos. Los sujetos facultados para intentar la acción de controversia constitucional son los órganos de gobierno, cuyas atribuciones son usurpadas por otro órgano de gobierno, por medio de la realización de un acto para el que carecía de competencia, en los distintos ámbitos federales o de los distintos poderes de cada uno de ellos; así, entiéndase los poderes ejecutivo, legislativo o judicial de la federación, estado o municipio, cuya esfera competencial es invadida.

3.- Acción de inconstitucionalidad.


La acción de inconstitucionalidad, en el entendido de la fracción II, del artículo 105 Constitucional, representa una vía de impugnación directa de la validez jurídica (constitucionalidad) de las normas de reciente generación, porque su efecto final, de prosperar la solicitud planteada por el demandante, es la de abrogar una ley o tratado internacional.
Los titulares de la vía procesal en comento lo son:
a) El treinta y tres por ciento de los miembros de alguna de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión (dependiendo de su competencia sobre la naturaleza del asunto), de los de las legislaturas locales o de los asambleístas del Distrito Federal, cada uno respecto de las leyes que por su competencia emitan.
b) Las dirigencias de los partidos políticos con registro ante la autoridad electoral competente, por lo que se refiere a normas generales relativas a la materia electoral.
c) El Procurador General de la República respecto de las leyes federales, estatales, del Distrito Federal y de los tratados internacionales celebrados por México.


4.- Medios de impugnación ante el Tribunal


Electoral del Poder Judicial Federal.
Los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal representan la última instancia impugnativa de los actos electorales, que hubieren vulnerado los derechos políticos y en materia electoral de los gobernados, ya sean ciudadanos o partidos políticos. Así, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 41, 60, 94 y 99 constitucionales, se garantizan los derechos políticos y, con ello, pueden ser cuestionados constitucionalmente los actos electorales, en México, porque según el artículo 99 de la Constitución, al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral, que violen normas constitucionales o legales; y sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señale la Constitución.


5.- Control difuso de la constitucionalidad.


El control difuso de la constitucionalidad consiste en la posibilidad de que los jueces de simple legalidad decidan, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional (artículo 133 constitucional), aplicar un dispositivo constitucional en lugar de una ley secundaria o, en otras palabras, decidir sobre la constitucionalidad de leyes secundarias, para la resolución de casos concretos de su competencia. La teoría del Control difuso de la constitucionalidad ha sido absolutamente rechazada por la tesis del Poder Judicial Federal de México, aduciéndose que en nuestro sistema jurídico sólo compete resolver cuestiones constitucionales a los Tribunales Federales, en funciones de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el sistema de competencias establecido en la propia Ley Fundamental (artículo 103 constitucional).


Control Constitucional Local
(Ciudad de México)
Uno de los aspectos novedosos de la Constitución Política de la Ciudad de México, se enfoca a la integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, el cual se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará, entre otras, con una Sala Constitucional, un Consejo de la Judicatura y Juzgados. Aquí, vale la pena enfocar especial atención a la figura de la Sala Constitucional, la cual, según el artículo 36 de dicho ordenamiento, será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México.


Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía de esa Constitución y la integridad del sistema jurídico local, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los párrafos precedentes.
En cuanto a su competencia, la Sala Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:


a) Garantizar la supremacía y control de esa Constitución; b) Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum, en los términos previstos por tal Constitución y las leyes en la materia; c) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y publicación de normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a dicha Constitución o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación; d) Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se susciten entre los entes legitimados, de conformidad con la Constitución; e) Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o reglamentaria de la Constitución, o habiéndolas aprobado se estime que no cumplen con los preceptos constitucionales; f) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento contra los titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando sean renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán interponerse por cualquier persona, cuando se trate de derechos humanos; y, g) Las demás que determine la ley.


La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos ordinarios contra resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras Salas del propio Tribunal Superior de Justicia.


Los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se sujetará a las siguientes bases:


a) Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. Se suplirá siempre la deficiencia de la queja;
b) La ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos de procedencia de la acción;
c) Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México. La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como las sanciones aplicables a las personas servidoras públicas en caso de incumplimiento;
d) El quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las resoluciones de los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los procedimientos previstos en la ley;
e) Cualquiera de los magistrados del Tribunal Superior, de la Sala Constitucional o el titular del Instituto de Defensoría Pública podrá solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para resolver contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave;
f) Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional, con relación a la acción de protección efectiva de derechos humanos, serán vinculantes para los jueces de tutela; y,
g) El Consejo de la Judicatura, a través de acuerdos generales, establecerá juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales.
La Sala Constitucional conocerá del juicio de restitución obligatoria de derechos humanos que interpondrá la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en los términos que prevea la ley, por recomendaciones aceptadas y no cumplidas, a fin de que se emitan medidas para su ejecución. La resolución deberá emitirse en un plazo máximo de diez días naturales.
En el caso de las recomendaciones no aceptadas, la Comisión de Derechos Humanos, por sí o con la concurrencia del Instituto de Defensoría Pública, brindará acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas, sin perjuicio de otras acciones procedentes para la defensa de sus derechos.
Así, los medios de defensa de la Constitución, resultan ser los siguientes:
i. Acción de inconstitucionalidad.
ii. Controversia constitucional.
iii. Acción por omisión legislativa.
iv. Acción de cumplimiento contra los titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías, cuando sean renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales.
v. Acciones de protección efectiva de derechos humanos.

  1. Reformas en materia política del artículo 122 Constitucional.

El Distrito Federal fue sede y asiento de los Poderes Federales y, además, capital de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución Federal. Como sede de los Poderes Federales, lo fue desde el 18 de noviembre de 1824, cuando el Congreso expidió la ley que daba contenido a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 49 de la Constitución, de octubre de 1824. A lo largo del devenir histórico del País, el Distrito Federal se mantenía si el régimen resulta ser federalista o desaparece si es centralista. En el texto de la Constitución de 1917, en el artículo 43 entre las partes integrantes de la Federación se incluye al Distrito Federal y en el artículo 73, fracción VI, se otorga la facultad al Congreso de la Unión para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. En 1929, entró en vigor la reforma constitucional por medio de la cual el Gobierno del Distrito Federal quedaba a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercería por los organismos que determinara la ley, quedando desde ese momento los habitantes del Distrito Federal, políticamente, en calidad de ciudadanos de “segunda”, ante la imposibilidad de elegir a sus gobernantes.


La ciudadanía del Distrito Federal siempre reclamó el ejercicio de derechos políticos plenos y la capacidad de elegir a sus gobernantes; en razón de lo anterior, en el año de 1987, en virtud de la reforma a la fracción VI, del artículo 73 constitucional, se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a la cual se le concibe como un órgano de representación de la ciudadanía, integrada por cuarenta representantes de mayoría relativa y 26 representantes electos bajo el principio de representación proporcional, y a la cual se le confirieron facultades reglamentarias. No obstante, la creación de este órgano de representación ciudadana, el Gobierno del Distrito Federal seguía a cargo del Presidente de la República, siendo imposible para sus habitantes elegir a su gobernante. En virtud de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, se modificaron, entre otros, los artículos 73 y 122; destacando de este último todo lo referente al Gobierno del Distrito Federal, estableciendo como órganos locales del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea de Representantes, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia. Dicho precepto se reformó nuevamente en 1994, al igual que el 22 de agosto de 1996, por lo que, para 1997, ya preveía la elección directa del jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, para el año 2000, permitió la elección de los jefes delegacionales. En particular, y tratándose de la Asamblea de Representantes, se estableció la facultad de emitir leyes. Las tres reformas constitucionales antes citadas crearon un avance importante, que no definitivo, en la democratización del Distrito Federal. Sin embargo, era necesario reconocer y enmendar errores que se contienen en la regulación del Distrito Federal. Entre ellos, respecto de los mecanismos de elección de la Asamblea Legislativa. A partir de entonces, se presentaron numerosas iniciativas para convertirlo en una entidad federativa, sin embargo, fue hasta 2015 cuando ello se aprobó.
Por lo que, en vía de consecuencia, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de reforma política. En el artículo séptimo de dicho decreto se mencionó que la Asamblea Constituyente de la ahora Ciudad de México, se compondría de 100 diputados constituyentes, la cual debería de instalarse el 15 de septiembre de 2016, para efecto de aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo se encuentra dividido en tres apartados que establecieron la forma de gobierno, las reglas federales y las normas metropolitanas.

7. Asamblea Constituyente para la elaboración de la Primera Constitución de la Ciudad de México. 

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es el órgano en el que recayó todas las funciones del Poder Constituyente de la Ciudad de México, de acuerdo con el Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. La instalación de la Asamblea fue el 15 de septiembre de 2016, estuvo integrada por cien diputados y diputadas, electos según las disposiciones del propio decreto, y aprobaron la Constitución Política de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2017.
7.1. Integración de la Asamblea.


La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estuvo integrada por cien diputados, electos bajo los siguientes mecanismos: 60 diputados electos por voto popular bajo principio de representación proporcional sobre una lista plurinominal de candidatos para una sola circunscripción electoral (la Ciudad de México). Para contender por alguna de estas diputaciones constituyentes se pudo participar como parte de la lista presentada por los partidos políticos con registro nacional o por la integración de fórmulas de candidaturas independientes que contaran con el respaldo de al menos 1 % del padrón electoral de la Ciudad de México. La elección fue encabezada por el Instituto Nacional Electoral.
Por otra parte, 14 diputados fueron electos por dos tercios de los representantes en el Senado de la República. Asimismo, 14 diputados designados por voto de las dos terceras partes de los representantes en la Cámara de Diputados. Otros 6 diputados fueron designados por el Presidente de la República. Y, finalmente, los restantes 6 diputados a propuesta y designación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

7.2. Elección de los diputados de representación proporcional y composición final.

La organización de estas elecciones estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral. Tuvo lugar el 5 de junio de 2016, es decir, el primer domingo de junio de 2016.

Composición final:
Partido Votos %Votos Electos
Designados por el Ejecutivo Federal
Designados por los Diputados
Designados por los Senadores
Designados por el Gobierno del DF
Curules totales %Curules
Movimiento de Regeneración Nacional
652,286 33.06% 22 0 0 0 0 22 22%
Partido de la Revolución Democrática
572,043 28.99% 19 0 2 2 6 29 29%
Partido Acción Nacional
203,843 10.3% 7 0 3 5 0 15 15%
Partido Revolucionario Institucional
153,034 7.75% 5 6 5 6 0 22 22%
Partido Encuentro Social
68,639 3.47% 2 0 1 0 0 3 3%
Partido Nueva Alianza
55,178 2.79% 2 0 1 0 0 3 3%
Movimiento Ciudadano
42,068 2.1% 1 0 1 0 0 2 2%
Partido Verde Ecologista de México
30,477 1.54% 1 0 1 1 0 3 3%
Partido del Trabajo
18,348 0.93% 0 0 0 0 0 0 0%
Independientes 176,918 8.9% 1 0 0 0 0 1 1%
Votos nulos 172,821 – – – – – – – –
Total 2,145,655 100% 60 6 14 14 6 100 100%

  1. Aspectos novedosos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Se estima relevante mencionar que la Constitución de la Ciudad de México –antes Distrito Federal-, emerge a partir de la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , publicada el 29 de enero de 2016, en la cual se elevó a la categoría de entidad federativa y cambiando su denominación, homologándole a los demás Estados de la República, en términos del artículo 43 de la propia Ley Fundamental de la Nación , puesto que con anterioridad a ello, la Magna Disposición invocada en primer término, en cuanto a régimen político, preveía lo siguiente: “…Art. 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. …”; en tanto que, con anterioridad al 29 de enero de 2016, el diverso 44 del Código Político de la Nación –actualmente reformado -, en lo que interesa, decía: “Art. 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.”; advirtiéndose con claridad que a pesar de que el territorio de la Ciudad de México continúa siendo la sede de los Poderes de la Unión, así como la capital de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad tiene la calidad de una entidad federativa, con características similares a los demás Estados de la Nación, en particular a sus facultades legislativas, entre otras.


Es relevante mencionar que respecto de la reforma al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se plantearon dos acciones de inconstitucionalidad, a saber: 15/2016 y 17/2016, las cuales fueron promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y MORENA, y que mediante proveídos de dieciséis y diecinueve de febrero de 2016, fueron desechadas por los Ministros instructores, al considerar que si bien dicho mecanismo de control constitucional procede respecto de normas generales, ello no comprende a aquellas que constituyen, propiamente, reformas constitucionales ni a sus disposiciones transitorias, resultando improcedente, por tanto, el juicio constitucional abstracto propuesto, al rebasar el contenido del artículo 105, fracción II, constitucional.

Dichas determinaciones quedaron firmes al declararse infundados los recursos de reclamación 08/2016 y 09/2016 , resueltos en sesiones de 28 de abril y dos de mayo, ambas de 2016, por mayoría de siete votos, el primero, y por mayoría de ocho votos, el segundo, por el Tribunal en Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resoluciones en las que, en esencia, se estimó que el Ministro instructor sí tiene facultades para desechar una acción de inconstitucionalidad cuando se trate de una causa de improcedencia clara, indudable y manifiesta; que el motivo de improcedencia se actualizó, en términos del artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, porque la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad de normas generales inferiores a la propia Constitución, sin que a través de éste puedan cuestionarse las reformas a la propia Carta Magna, puesto que bajo ninguna intelección puede considerarse al Código Político de la Nación como una ley federal o local, fundamentalmente, entre otras consideraciones.


Ahora bien, diverso dato histórico relevante, es que la Constitución de la Ciudad de México si bien es el documento Fundamental moderno del Siglo XXI, no es la única Carta Magna emitida en la época moderna, es decir, en la segunda parte del Siglo XX, pues diversos territorios fueron modificados en cuanto a su régimen jurídico, en forma posterior a la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual aconteció el 5 de febrero de 1917, cuyo artículo 44, en lo que interesa, preveía lo siguiente: “…Distrito Federal, Territorio de la Baja California y Territorio de Quintana Roo.” Así, es evidente que en el año de 1917, la Baja California (cuyo territorio corresponde a Baja California y Baja California Sur, actualmente), así como Quintana Roo, se regían bajo la figura jurídica de “territorios federales”; de suerte que, en su ulterior reconocimiento como Estados de la República originó la emisión de sus Leyes Fundamentales en forma posterior a la década de 1920.


Como material didáctico, a continuación, se enuncian los Estados de la República, en orden alfabético, y las fechas en que entraron en vigor sus Constituciones, respectivamente:

Estado: Fecha de publicación:

1 Aguascalientes. 09 de septiembre de 1917.
2 Baja California. 16 de agosto de 1953.
3 Baja California Sur. 15 de enero de 1975.
4 Campeche. 05 de julio de 1917.
5 Chiapas. 03 de febrero de 1921.
6 Chihuahua. 17 de junio de 1950.
7 Coahuila de Zaragoza. 19 de febrero de 1918.
8 Colima. 20 de octubre de 1917.
9 Durango. 01 de noviembre de 1917.
10 Guanajuato. 18 de octubre de 1917.
11 Guerrero. 03 de noviembre de 1917.
12 Hidalgo. 01 de octubre de 1920.
13 Jalisco. 21 de julio de 1917.
14 México. 10 de noviembre de 1917.
15 Michoacán. 07 de febrero de 1918.
16 Morelos. 16 de noviembre de 1930.
17 Nayarit. 17 de febrero de 1918.
18 Nuevo León. 16 de diciembre de 1917.
19 Oaxaca. 04 de abril de 1922.
20 Puebla. 02 de octubre de 1917.
21 Querétaro. 22 de septiembre de 1917.
22 Quintana Roo. 12 de enero de 1975.
23 San Luis Potosí. 02 de enero de 1918.
24 Sinaloa. 22 de junio de 1922.
25 Sonora. 15 de septiembre de 1917.
26 Tabasco. 05 de abril de 1919.
27 Tamaulipas. 05 de febrero de 1921.
28 Tlaxcala. 02 de octubre de 1918.
29 Veracruz. 25 de septiembre de 1917.
30 Yucatán. 14 de enero de 1918.
31 Zacatecas. 11 de julio de 1998.
32 Ciudad de México. 5 de febrero de 2017.

Del contenido del cuadro anterior, se puede apreciar que los Estados que, durante la segunda mitad del Siglo XX, y en forma temporal más cercana a la Constitución de la Ciudad de México (2017), han emitido su Carta Magna, respectivamente, resultan ser los Estados de Baja California (1953), Baja California Sur (1975), Quintana Roo (1975), Chihuahua (1950) y Zacatecas (1998).
En otro aspecto, de singular relevancia, tiene que ver con la forma en que fue redactada la Ley Suprema para la Ciudad de México, la cual, en primer orden, tiene como marco y límite el contenido del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adicionalmente, su texto quedó articulado, bajo lo que fue considerado por sus redactores, conforme a la nueva sistemática constitucional, es decir, se expresó, en su literalidad, atendiendo a los nuevos modelos de redacción de Convenciones internacionales, en cada uno de sus puntos aparecen datos de identificación, pues sus títulos señalan numeración y contenido; sus artículos una breve descripción y sus párrafos se encuentran, a su vez, numerados ordinalmente y, en algunos casos, divididos por incisos; en otras ocasiones, se realiza la clasificación de las denominadas bases, distinguiéndolas a través de letras mayúsculas, con su propia descripción. Así, dicho instrumento normativo, en cuanto a redacción se apartó de la forma tradicional de redacción de leyes y reglamentos que los órganos legislativos anteriores utilizaban bajo la denominación de técnica legislativa.


Ahora bien, conviene resaltar que el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esencia, se compone de ocho títulos, denominados: Disposiciones Generales, que abarca del artículo 1 al 3; Carta de Derechos, compuesta de 2 capítulos: I. De las Normas y Garantías de los Derechos Humanos, y. II. De los Derechos Humanos, del numeral 4 al 14; Desarrollo Sustentable de la Ciudad, capítulo Único: Desarrollo y Planeación Democrática, del precepto 15 al 21; De la Ciudadanía y el Ejercicio Democrático, dos capítulos: I. De las personas originarias y de las que habitan la Ciudad de México, y II. De la Democracia Directa, Participativa y Representativa, de los artículos 22 al 27; De la Distribución del Poder, siete capítulos: I. De la Función Legislativa; II. De la Función Ejecutiva; III. De la Función Judicial; IV. Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; V. De los Organismos Autónomos; VI. De las Demarcaciones Territoriales y sus Alcaldías; y, VII. Ciudad Pluricultural, numerales del 28 al 59; De Buen Gobierno y la Buena Administración, dos capítulos: I. Del Combate a la Corrupción de la Ciudad de México; y, II. Del Régimen de Responsabilidades, de los preceptos 60 al 67; Del carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 68; y De la Estabilidad Constitucional, preceptos del 69 al 71; y finalmente, contiene 39 disposiciones transitorias.


De las disposiciones transitorias relevantes, al contemplar la figura de vacatio legis, por su relevancia aparecen los artículos Primero, Segundo, Quinto, Séptimo, Decimoprimero y Vigesimotercero, las cuales tienen que ver con las distintas fechas de entrada en vigor de la propia Constitución, así como respecto de los procesos electorales; del uso terapéutico de la cannabis, en sus distintas variedades; de la elección del Jefe de Gobierno; y, con relación a la integración y conformación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.


En otro aspecto, es de gran relevancia señalar que la reseña previa, pone de manifiesto que de la totalidad del Magno Ordenamiento de la Ciudad de México, cuyo contenido conjunto es de 110 disposiciones (71 artículos más 39 disposiciones transitorias), en la actualidad, se tiene noticia que están cuestionados por lo menos 38 de sus preceptos (37 artículos y una disposición transitoria [Quinto]), en distintos procedimientos constitucionales propuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: tres controversias constitucionales -81/2017, 83/2017 y 91/2017-, así como cuatro acciones de inconstitucionalidad (15/2017, 16/2017, 18/2017 y 19/2017).


En efecto, se menciona que esa cantidad de numerales podría variar, desde la perspectiva que, por ejemplo, con relación a la controversia constitucional 83/2017, promovida por la Federación, a través del Poder Ejecutivo Federal, en la sinopsis de trámite del asunto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere que se impugnan diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, sin precisar cuáles de ellos; lo mismo acontece respecto de la acción de inconstitucionalidad 15/2017, promovido por MORENA, de cuya ficha técnica informática se enuncia como disposiciones cuestionadas en forma genérica al Decreto a través del cual se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, sin que se precise cuál o cuáles disposiciones se impugnan. De la propia manera, no se obtuvo acceso a las demandas relativas, a virtud que esa información, por el momento (2 de mayo de 2017), no se encuentra integrada a las fichas digitales de los expedientes, dentro del portal Intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –aspecto entendible, desde la perspectiva que los expedientes se encuentran a disposición de los Ministros instructores, para el desahogo de los procedimientos y/o procesos condignos, así como para la formulación de los proyectos de sentencia condignos.


Así, bajo un mero ejercicio matemático especulativo, significa que del contenido normativo que corresponde a 71 artículos, se encuentran cuestionados 37 de sus preceptos, ello corresponde aproximadamente al 52.3% del contenido normativo la Constitución. En tanto que, de sus disposiciones transitorias sólo se cuestionó un precepto, lo cual es de carácter mínimo, estimado porcentualmente.


Ahora bien, previo a comentar los posibles escenarios para la resolución de los juicios constitucionales –acciones y controversias-, es necesario acudir al contenido de la jurisprudencia P./J. 71/2000 , sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para entender la diferencia entre ambas vías de control de regularidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, al resolver en sesión de once de mayo de dos mil, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 15/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, por unanimidad de diez votos, estimó que a pesar que sea cierto que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad resultan ser dos medios de control de constitucionalidad, tienen características particulares que les distinguen entre sí, debiendo resaltarse, en primer lugar, que una de ellas –controversia- fue instaurada para garantizar el principio de división de poderes, por invasión de esferas competenciales previstas en la Constitución Federal, en tanto que la otra –acción-, se propone una posible contradicción entre la norma cuestionada y uno del Código Político de la Nación; en segundo orden, respecto de la controversia solo puede ser promovida por la Federación, los Estados (entre ellos, ahora la Ciudad de México) y los Municipios, y en lo que se refiere a la acción, ésta puede ser planteada por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; en tercer término, con relación a la controversia constitucional, la parte promovente propone la posible existencia de un agravio en su perjuicio, y por lo que hace a la acción, en ella se eleva la solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el análisis abstracto de la constitucionalidad de la ley cuestionada; en cuarto punto, en referencia a la controversia, en ella se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción se ventila un procedimiento; como quinto punto de divergencia, en cuanto a las normas generales, se acota que en la controversia no pueden impugnarse normas en materia electoral, lo que sí sucede en la acción, en la cual pueden combatirse cualquier tipo de normas; en sexto lugar, en lo que se refiere a los actos que puede plantearse su presunta inconstitucionalidad, en la controversia pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción sólo procede respecto de normas generales; y, por último, los efectos de la sentencia que se dicte en una controversia tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales, siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta sea aprobada por lo menos por ocho Ministros. Así, esas distinciones determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.


Pues bien, en lo que interesa a la opinión a verter con relación al pronóstico de resolución de los asuntos propuestos, debe señalarse que, conforme al tercer punto sintetizado en el párrafo precedente, la controversia constitucional procede a partir de la existencia de un agravio en su perjuicio, es decir, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la norma cuestionada, por invasión de esferas competenciales previstas en la Constitución Federal, y la acción de inconstitucionalidad se plantea el análisis en abstracto de normas generales que se estimen contrarias a la Ley Suprema, es decir, respecto del primer proceso constitucional se requiera la existencia de un acto de aplicación de la ley por parte de autoridades administrativas, mientras que en el segundo procedimiento se trata de una acción en abstracto, la cual no requiere de la existencia de un acto de aplicación, sino que tal cuestionamiento procede a partir de la publicación de las normas impugnadas.


Precisado lo anterior, si se toma en cuenta que conforme al artículo transitorio primero de la Constitución Política de la Ciudad de México, ésta formalmente entrará en vigor a partir del 17 de febrero de 2018, en lo general, y con posterioridad en distintos ámbitos, entonces ello lleva a considerar que las controversias constitucionales 81/2017, 83/2017 y 97/2017, deberá decretarse el sobreseimiento , en términos de la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la inexistencia de actos de aplicación de las disposiciones de la Legislación Fundamental de la Ciudad de México, a virtud que se encuentra pendiente de inicio su vigencia y, por ende, no es apta para fundamentar ningún acto de autoridad. Por otra parte, con relación a las diversas acciones de inconstitucionalidad propuestas, en su mayoría habrán de desestimarse, por infundadas, a virtud que su contenido normativo es de índole aspiracional, que contempla propósitos amplios a favor de la ciudadanía; sin embargo, tales estimativas de carácter abstracto, en su mayoría, no resultan contrarias a la legislación suprema de la Nación. La circunstancia que en su redacción, a pesar de señalar que se trata de una nueva “sistemática constitucional”, se hubiese incurrido en el defecto de vincular y mezclar la parte dogmática con la parte orgánica institucional, llegando a adjetivar con la inclusión de calificativos actividades propias del Estado, las cuales gozan de presunción de buena fe, por sí mismas, no producen la invalidez del acto legislativo, sino que ello deriva, precisamente, de su contradicción con la Constitución Federal, entre otras, por infringir el principio de reserva de ley. Sólo en forma residual, de llegar a abordarse diversos temas , en la medida de lo posible, se consideran contrarias a la Constitución las disposiciones que contemplan el derecho a una muerte digna, al uso terapéutico de la marihuana, en sus distintas especies, la integración del Poder Judicial de la Ciudad de México, por la intervención de órganos ajenos al Estado, para su administración y la paridad de género en la designación de funcionarios en los distintos órdenes de gobierno.


En efecto, en principio, si se parte de la idea que, conforme principios axiológicos, el derecho humano al que se brinda mayor protección, por considerarse de índole universal, es la vida misma del ser humano, el cual es catalogado como un bien indisponible, respecto del cual se han emitido diversas convenciones internacionales, y a cuya protección se atribuye la adscripción o denominación de neoconstitucionalismo, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, al culminar la Segunda Guerra Mundial; entonces, a pesar de que, sin ninguna duda, es encomiable que se eleve a la categoría de norma fundamental el derecho a una vida digna a los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, es indiscutible que su sentido negativo, en cuanto a derecho a una muerte digna, que tendría como resultado la asistencia para producir el deceso es incompatible con aquel derecho humano, lo cual podría ubicarse en el campo del derecho penal, puesto que la eutanasia, a pesar de ser por voluntad del sujeto susceptible de su aplicación, requiere de la intervención de un tercero, actualizando la hipótesis del homicidio; sin dejar de reconocer que si bien el suicidio constituye una figura reprobable moralmente, ello es difícil de configuración en el sujeto pasivo, pues tratándose de personas con deficiencias de salud irreversibles, es casi imposible se pueda concretar.


Con relación al tema del uso terapéutico de la marihuana, en México en la actualidad, a pesar que se trate de uso medicinal, la legislación federal relativa no contempla ninguna excepción; sin que ello se purgue a través del artículo Quinto transitorio, que difiere su vigencia hasta en tanto se emitan las disposiciones que lo permitan, porque ello podría no acontecer y tendría como consecuencia la existencia de una disposición que nunca actualizaría su hipótesis normativa, lo cual es refractario al principio de positividad del derecho vigente; inclusive, se estaría en presencia de una intersección a la esfera de competencia de la Federación, en el ramo de narcóticos y estupefacientes, así como del área farmacéutica, cuya facultad reglamentaria se encuentra expresamente reservada al Congreso de la Unión. Por lo que se refiere al tópico de la conformación del Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Consejo Judicial Ciudadano, el cual, entre otras, tendrá la facultad de designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura, permite la intervención de un órgano ajeno al Estado mismo, lo cual tiene como repercusión un extremo intervencionismo en la función pública, provocando la politización en las instituciones judiciales, ajenas a los fines del servicio de administración de justicia. Desde su creación, las conformaciones de los Consejos de la Judicatura, Federal o locales, han sido cuestionadas por el intervencionismo de los distintos Poderes ajenos al Judicial, que provoca pugnas al interior en temas de administración de recursos, designación y permanencia de funcionarios judiciales. La circunstancia que ahora se pretenda la participación de entes ciudadanos bajo ninguna circunstancia es permisible, puesto que, al tratarse de procedimientos de selección a través de la figura de la democracia indirecta, ello solo puede actualizarse a través de instituciones oficiales debidamente constituidas, lo que no acontece con organismos de integración ciudadana de carácter honorario.


Finalmente, en el tema de paridad de género, se estima que es contrario a los postulados de libertad de trabajo y profesión, puesto que privilegia aspectos propios para erradicar la discriminación, sin tomar en consideración que en la conformación del Gobierno, ya sea en la designación de cargos de elección popular o en el nombramiento de aquellos otros dentro de la estructura orgánica institucional, en realidad, se requiere la participación de personas de distinto sexo que demuestren la mayor y mejor capacitación en el desempeño de las funciones que requieran ser encomendadas; de otra suerte, se llegaría al absurdo que por atender a cuestiones de paridad de género, se dejara de designar a la persona con más altas calificaciones y experiencia, por la simple y sencilla razón que ya está cubierto el número de plazas asignadas para ese grupo, sin importar la deficiencia en el servicios público en que podría llegar a incurrirse, cuando, se insiste, lo que debe privilegiarse es el grado de competencia entre los aspirantes a ocupar determinado cargo, ya sea de elección popular o de designación directa.


Del autor: Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de la Sierra, A. C., la Maestría y Doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en agosto de 1988 como Oficial Judicial y Actuario Judicial del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla; ha sido Secretario de Tribunal, Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Juez Octavo de Distrito “B” en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Juez Quinto de Distrito “A” en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; y, actualmente Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Fue nombrado Magistrado de Circuito en abril de 2004.

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