La nueva e innovadora Constitución de la Ciudad de México y el sistema constitucional mexicano – por José Gabriel Clemente Rodríguez

José Gabriel Clemente Rodríguez.

SUMARIO: 1. Génesis y evolución del Distrito Federal en el Federalismo Mexicano. 1.1. ¿Porqué un Distrito Federal en México? 1.2. Qué fue el Distrito Federal. 2. Soberanía. 3. Poder Constituyente. 3.1. Clases 4. Concepto de Constitución.

Preámbulo.

En principio, es importante puntualizar que para poder analizar la nueva Constitución de la ahora Ciudad de México, se estima necesario analizar brevemente el nacimiento y evolución del entonces Distrito Federal, así como su régimen jurídico; explicar básicamente en qué consiste la soberanía y la trascendencia del poder constituyente, para después abordar el tópico de la conceptualización de Constitución y, finalmente, visualizar el contenido innovador de la citada nueva Carta Magna de dicha entidad.

                          1. Génesis y evolución del Distrito Federal en el Federalismo Mexicano.

Teóricamente, el federalismo presupone una forma de Estado opuesta al centralismo, caracterizada por ser “…un territorio propio constituido como unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros…[1], en donde cada uno de ellos goza de autonomía en su régimen interior, según se establece en el pacto federal que le da vida.

El federalismo sugiere así la existencia de un espacio geográfico que sirva de asentamiento de los Poderes de la Unión; a ese territorio se le denominó Distrito Federal. El origen de esta figura jurídica –Distrito Federal-, data de la Constitución de Filadelfia de 1787, y ha servido de modelo para aquellos países que han adoptado esa forma de Estado.

En México, se implantó por primera vez en la Carta Magna de 1824, interrumpiéndose en los regímenes centralistas y desde 1847, hasta hace unos años (febrero de 2017), fue evolucionando en el marco del derecho constitucional mexicano, acorde a los acontecimientos y decisiones políticas y sociales. Una consecuencia del Estado Federal es la existencia de distintos ámbitos, órdenes o instancias de gobierno, esto es, la federal, la estatal (también denominada local) y la municipal; tres esferas de competencia que muchos autores y académicos llaman niveles de gobierno. Desde que México surge como nación independiente y hasta 1928, el territorio conocido como Distrito Federal se caracterizó por estar conformado en municipalidades -bajo la denominación de delegaciones políticas-. Sin embargo, el gobierno directo de la entidad estuvo a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, situación que cambió con las reformas constitucionales de octubre de 1993 y agosto de 1996, en que se modificó substancialmente la estructura política de la entidad, pero lo más importante es que terminó el prolongado ciclo en que los capitalinos no gozaban del derecho de elegir a sus propios gobernantes en forma directa y exclusiva, para modernizar democráticamente a la entidad con una asamblea legislativa, jefe de gobierno y jefes delegacionales, emanados de la voluntad popular, a los que se les dotaron de atribuciones para coexistir en armonía con los Poderes de la Unión.[2]

En efecto, todos los sistemas federales del mundo tienden a formalizar su unión con Estados que gocen plena libertad política para organizarse en cuanto a su régimen interior, dentro de un ámbito de igualdad soberana, como estados miembros de una federación, pues tal soberanía radica en la facultad de definir su propio régimen jurídico, naturaleza que, en sus orígenes, no compartió el Distrito Federal.

1.1. ¿Porqué un Distrito Federal en México?

México, al conformar un Estado Federal y seguir el ejemplo de los Estados Unidos de América, decidió incorporar a su sistema político jurídico la figura del Distrito Federal, con peculiaridades que lo distinguían de las demás entidades federativas, toda vez que, en principio, se consideró incompatible la posibilidad de subsistir en un mismo territorio poderes locales y federales, lo que trajo como resultado la ausencia de gobernantes electos en forma directa y exclusiva por los ciudadanos de la capital mexicana. Si bien, existieron muchas propuestas para la ubicación de tal capital, fue la de Fray Servando Teresa de Mier, la que predominó, bajo la siguiente expresión: “La verdad sobre este punto es que México está en el Centro de la población de Anáhuac; y ese centro político, y no el democrático, es el que se debe buscar para la residencia del gobierno.”[3]

1.2. ¿Qué fue el Distrito Federal?

El vocablo “Distrito” tiene su raíz etimológica en el latín distritos, o sea, recogido, a lo que se le da el significado de ser la extensión territorial establecida para la atención de los servidores públicos, administrativos y judiciales.[4]

Por ello, al referirse a un Distrito Federal, se debe entender a la demarcación territorial perteneciente a una forma de Estado Federal. El jurista Ignacio Burgoa Orihuela, al hacer referencia al Distrito Federal Mexicano, expresó lo siguiente: “…desde el punto de vista político y jurídico es una entidad que, según el artículo 43 Constitucional, forma parte integrante de él. Como entidad, el Distrito Federal tiene obviamente un territorio que delimita la legislación orgánica respectiva, una población, un orden jurídico y un conjunto de órganos de autoridades que desempeñan, dentro de él, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.”[5]

Antes de la llegada de los españoles, el entonces Distrito Federal fue considerado la capital de Mesoamérica. Fundada el 13 de mayo de 1325, fecha convencional en que se cree llegaron los aztecas, tenochas o mexicas desde Aztlán, en busca de la señal prometida por sus dioses, donde encontrarían el asentamiento destinado a formar el gran imperio.[6]

2. Soberanía.

La doctrina de la soberanía pertenece, por su naturaleza, a la teoría general del Estado. Si se ha de acudir a ella, será en la medida indispensable para interpretar nuestras propias instituciones.[7] Ciertamente, el concepto de la soberanía ha sido, desde el siglo XV hasta nuestros días, uno de los temas más debatidos del derecho público. Con el tiempo, y a lo largo de empeñadas discusiones, la palabra “soberanía” ha llegado a comprender dentro de su ámbito los más disímiles y contradictorios significados; de ahí que, al abordar el tema desde diferentes aspectos, sea imposible establecer una definición en torno de un objeto único.

Entonces, para lograr entender y explicar el concepto de que se trata –soberanía-, se comenzará por evocar sumariamente el origen, la evolución y los cauces actuales de la idea de soberanía. Así, dicha figura -la soberanía-, es un producto histórico y, como afirma Jellinek[8], un concepto polémico. No fue conocida de la antigüedad, porque no se dio en ese entonces “la oposición del poder del Estado a otros poderes.”

La idea se gestó en los finales de la Edad Media, para justificar ideológicamente la victoria que alcanzó el Rey, como encarnación del Estado, sobre las tres potestades que le habían mermado autoridad: el Papado, el Imperio y los señores feudales. Del primero, reivindicó la integridad del poder temporal; al segundo le negó el vasallaje, que como reminiscencia del Imperio Romano, le debían los príncipes al emperador; de los señores feudales, recuperó la potestad pública, que en todo o en parte había pasado a su patrimonio. La lucha fue larga y variados sus episodios, pero el resultado fue casi idéntico en las dos grandes monarquías, unificadas y fuertes, donde culminó con la victoria: Francia y España.

La doctrina se puso al servicio de los acontecimientos y Bodino definió, por primera vez, al Estado en funciones de su soberanía: El Estado es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que les es común, con potestad soberana (summa potestas).”[9]

De la soberanía, así entendida, nació con el tiempo y sin mayor esfuerzo el absolutismo, localizado en la persona del Monarca, portador de las reivindicaciones del Estado frente a los poderes rivales. Si en la doctrina de Bodino, se admitía que el soberano estaba obligado por las leyes divinas y por las naturales, pronto el pensamiento de Hobbes justificó la dilatación sin límites del poder soberano. El Estado soberano se identificó con su titular y el Rey pudo decir que el Estado era él. “El Estado -asienta Laski- se encarna, entonces, en el príncipe. Todo cuanto quiere es justo, porque expresa su voluntad. El derecho no significa, como en la Edad Media, un aspecto particular de la justicia universal; el derecho es la emanación de un centro único de autoridad en el orden político.”[10]

Al sustituir la soberanía del Rey por la del pueblo, los doctrinarios que influyeron en la Revolución Francesa no hicieron sino trasladar al nuevo titular de la soberanía las notas de exclusividad, de independencia, de indivisibilidad y de ilimitación, que habían caracterizado al poder soberano. Las dos principales características del poder soberano son: independencia y supremacía. Dentro del sistema americano, el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación.

La soberanía, una vez que el pueblo la ejerció, reside exclusivamente en la Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan. Así fue advertido por Kelsen, quien sostuvo que: “…Sólo un orden normativo -dice- puede ser soberano, es decir, autoridad suprema, o última razón de validez de las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, nunca puede ser soberano en el sentido propio del término.”[11]

Así, es como la supremacía de la Constitución responde, no sólo a que ésta es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades: es la ley que rige las leyes y que autoriza a las autoridades. Para ser precisos, en el empleo de las palabras Felipe Tena Ramírez afirma que supremacía dice la calidad de suprema, que por ser emanación de la más alta fuente de autoridad corresponde a la Constitución; en tanto que, primacía denota el primer lugar que entre todas las leyes ocupa la Constitución.

3. Poder constituyente.

Conceptualmente, se podría entender por “poder constituyente”, al órgano creador de la Constitución de un orden jurídico; esto es, al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico especifico.

El poder constituyente es en principio, aunque no sólo, un poder político existencial y fáctico, que brota de la comunidad, la que decide darse una Constitución, constituir un Estado o que asume transformar o sustituir el status quo imperante. Tal como lo señala Vanossi, todo poder constituyente cumple cualquiera de las dos siguientes funciones: ya sea expresando un poder fundacional (creando el Estado), o a través del poder de revolución (el cambio de formas del Estado).

Los autores clásicos sobre el poder constituyente dicen que su validez jurídica no deriva del ordenamiento previo, constituye una “ruptura” ideológica e institucional con las normas previas, si es que éstas existen. No es, en sus inicios, un acontecimiento jurídico sino político –ahora se señala, por algunos, que en él hay una conciencia ética orientadora y legitimadora-, que termina expresándose jurídicamente.

La teoría del poder constituyente ha tenido muy distintas explicaciones. Una de las primeras de carácter moderno fue la contractualista. El origen del Estado y del Derecho es un pacto: la comunidad decide organizarse institucional y jurídicamente desde la libertad, sin vínculos sacramentales o derivados del poder de un sólo hombre.

En los Estados Unidos, el poder constituyente fue el resultado de acuerdos y negociaciones para distribuir el poder al interior de la comunidad.

El académico John Wise explicó que en todo proceso constituyente han de distinguirse tres etapas, a saber: a) el momento de la libertad; b) el del pacto social; y, c) el acto constitucional.

Aquellos actos de seres humanos –y que, por consiguiente, tiene una dimensión histórica, en tanto ocurren en el espacio y en el tiempo-, cuya significación sea la de establecer una Constitución, adquieren el carácter de actos constituyentes. El hombre o conjunto de hombres que a través de sus actos establecen una Constitución, reciben el nombre de órgano o “poder constituyente”, y éste, es el que determina a los demás órganos del Estado.

3.1. Clases de poder constituyente.

Es habitual que la doctrina constitucional distinga entre un “poder constituyente originario” y un “poder constituyente derivado, permanente u órgano revisor de la Constitución”.

En tanto que el “poder constituyente originario”, se refiere, comúnmente, al órgano creador de la primera Constitución histórica de un orden jurídico específico, el llamado “poder constituyente derivado o permanente”, o mejor, el órgano revisor de la Constitución, alude al órgano competente para reformar total o parcialmente la Constitución, creada anteriormente.

En México, el poder constituyente originario corresponde al Congreso Constituyente que creó la Constitución de 1824; sin embargo, también se ha mencionado como tal al grupo de legisladores reunido en Querétaro, desde finales de 1916 a principios de 1917 (tal como en su momento lo hizo ver Venustiano Carranza, se pretendía reformar tal Constitución –de 1824-), fue el que redactó la Constitución vigente; y, por otro lado, el órgano revisor de la Constitución que, de conformidad al artículo 135 de la propia Carta Magna, se compone por el poder legislativo federal –diputados y senadores- y todos los órganos legislativos de las entidades federativas –congresos locales-, requiriéndose que el proyecto respectivo de reforma constitucional sea aprobado por una mayoría calificada de votos de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y por una mayoría absoluta de las legislaturas estatales (Constitución rígida).

A las anteriores clases de órganos constituyentes es posible agregar el llamado “poder revolucionario[12], el cual se caracteriza –siguiendo al tratadista Ulises Schmill Ordoñez–, por constituir un conjunto de actos realizados por ciertos individuos que se arrogan facultades jurídicas que el orden contra el cual van dirigidos no les otorga y cuyo propósito es sustituir irregularmente cierto orden jurídico por otro provisional, con miras a establecer un nuevo orden de carácter definitivo con un contenido político y jurídicamente distinto; cabe advertir que si los actos que irregularmente pretenden sustituir un sistema jurídico establecido –y que por ello, se les atribuye el carácter de revolucionarios- no consiguen su propósito y el orden provisional por ellos propuestos carece de eficacia y no se produce, tales actos no adquieren el carácter de constituyentes, sino por el contrario, quedan comprendidos en el sistema anterior como actos regularmente determinados como delito y sus actores lejos de conformar jurídicamente un órgano constituyente revolucionario, son procesados como delincuentes.

4. Concepto de Constitución.

Aquí, se pretende explicar el concepto de Constitución, el cual, como correlativo de soberanía, puede ser configurado desde muy diversos puntos de vista, lo cual es uno de los ejercicios más difíciles de construir dentro del marco conceptual de la ciencia del derecho. Se trata de un concepto que ha tenido y tiene un sinfín de formulaciones, muchas de ellas incluso incompatibles y contradictorias entre sí.

La Constitución puede entenderse, por ejemplo, como un ordenamiento jurídico de tipo liberal; como un conjunto de normas jurídicas que contiene las disposiciones en algún sentido fundamentales de un Estado; como un documento normativo que tiene ese nombre; y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que tiene un régimen jurídico particular. Además, hay conceptos absolutos, relativos, positivos, ideales, pactistas, históricos, sociológicos, materiales, racional-normativos, etc., de Constitución.

La Constitución en sentido material -ha dicho Kelsen, citado por Felipe Tena Ramírez[13]-, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, especialmente, la creación de leyes. La Carta Magna en sentido formal, es el documento solemne que lleva este nombre, a menudo encierra también otras normas que no forman parte de la Constitución, en sentido material.

Hay dos elementos fundamentales que dan sentido a una indagación sobre el concepto de Constitución: a) el órgano o poder que la crea; y, b) los contenidos concretos que debe tener una norma de ese tipo. El primero de los elementos antes mencionados conduce en forma directa al tema del poder constituyente. Éste -el poder constituyente-, en forma tradicional, no ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista de su integración; regularmente y con evidentes excepciones, las Constituciones históricas han sido otorgadas por el caudillo, el rey, el soberano, la oligarquía de turno, etc.

Es a partir del siglo XX, cuando los poderes encargados de redactar nuevas Constituciones se comienzan a integrar democráticamente. Sólo entonces se materializa la posibilidad del pueblo de ser soberano, al otorgarse por sí y ante sí un nuevo texto constitucional. Esa es, dentro del modelo del Estado constitucional contemporáneo, la forma en que la soberanía toma sustancia y deja de ser una mera entelequia, al momento de crear un nuevo ordenamiento supremo.

En lo que se refiere a su contenido, desde el artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789, se afirma que las Constituciones se abocan a determinar la división de poderes y los derechos fundamentales. Esos dos elementos son una especie de “contenido mínimo”, de cualquier documento que se quiera llamar “Constitución”.

Desde luego, dentro del concepto de la división de poderes hay muchas posibilidades organizativas: presidencialismo o parlamentarismo (o sus formas intermedias: semipresidencialismo o semiparlamentarismo), monarquía o república, federalismo, regionalismo o centralismo, etc.

Sin embargo, debe quedar claro que el Estado constitucional solamente admite una división efectiva del poder, es decir, un sistema que asegure espacios de libertad reales para los particulares; que obligue a la rendición de cuentas de los gobernantes; a la renovación periódica de los mismos; que prevea la existencia de jueces independientes; la competencia básica de cada órgano; los modos de creación y renovación del derecho; etc.

Sólo cuando existe control del poder puede estimarse que existe un Estado constitucional. Y esto, por la sencilla razón de que, como apunta Manuel Aragón, “La idea de Constitución… implica la idea de limitación. Si la comunidad política ha de persistir es imprescindible que el poder tenga, al menos, la limitación mínima de no alcanzar a destruirla; si la comunidad política ha de persistir en una determinada forma política, ésta será también un límite infranqueable para el poder”.[14]

También en el ámbito de los derechos fundamentales, su previsión por parte de los Estados constitucionales ofrece una variedad importante. ¿Cuántos y cuáles derechos deben estar previstos y asegurados en un Estado para que se pueda considerar Estado constitucional? Por regla general, se prevén, entre otros, derechos de libertad, derechos de participación política y un mínimo de derechos sociales, junto a un sistema eficaz de garantías que deben suponer el marco mínimo para todo Estado que quiera ser un verdadero Estado constitucional.

Así, la revisión de la historia de los Estados constitucionales permite advertir cuáles son las claves para entender el concepto mismo de Constitución, el papel que se estima puedan cumplir los textos constitucionales y las variedades que los derechos fundamentales y la división de poderes han tenido en los últimos siglos.

De ese devenir histórico, se concluye, por ejemplo, que no siempre el Estado constitucional ha sido democrático; no siempre los derechos fundamentales se han impuesto frente a la actividad legislativa; no siempre ha existido la jurisdicción constitucional; no siempre ha estado asegurada la independencia judicial ni se ha podido controlar en sede parlamentaria la acción del Poder Ejecutivo.

De hecho, aunque a nivel teórico exista un cierto “modelo” de lo que es el constitucionalismo y la Constitución, lo cierto es que, en realidad, debe hablarse no de uno sino de varios constitucionalismos (el inglés, el norteamericano, el francés, el latinoamericano), y no de uno, sino de varios modelos y/o conceptos de Constitución.

Desde el punto de vista jurídico, la Constitución es la norma que determina la validez del resto del ordenamiento legal. Dicha determinación es de carácter tanto formal o procedimental como material o sustantivo. Entonces, desde el punto de vista procedimental la Constitución determina la validez del resto de normas del ordenamiento ya que establece las competencias de los distintos poderes para dictar normas jurídicas, así como los pasos que deben llevar a cabo para que tales normas se integren válidamente al ordenamiento.

En tanto que, desde el punto de vista sustantivo la Constitución actúa sobre todo como un límite a la creación normativa, pues contiene prohibiciones para el legislador, mandatos de actuación, normas ordenadoras de fines que deben perseguir los poderes públicos, etc. Dichos puntos de vista producen dos distintas formas de validez: una validez procedimental y una validez sustantiva, como señaló Luigi Ferrajoli.[15]

La superioridad jurídica de la Constitución resulta explícita o implícita. En el caso de la Constitución mexicana de 1917, la supremacía constitucional, también llamada supra legalidad, se encuentra expresamente recogida en el artículo 133 constitucional, que la ubica como: “la ley suprema de toda la unión”, junto con las leyes del Congreso que emanen de ella (de la Constitución, se entiende), junto con los tratados internacionales.

Aparte que tenga o no reconocimiento explícito, la superioridad constitucional (desde un punto de vista jurídico) surge, por menos, de los aspectos siguientes:

a) La Constitución crea a los poderes públicos del Estado;

b) Delimita sus funciones, tanto desde un punto de vista positivo como negativo;

c) Recoge los procedimientos de creación normativa;

d) Reconoce los derechos fundamentales de los habitantes del Estado; e,

e) Incorpora los valores esenciales o superiores de la comunidad a la que rige.

Por otra parte, al tener en cuenta la opinión de Riccardo Guastini[16] puede señalarse que la Constitución, en cuanto documento normativo, se distingue del resto de normas del ordenamiento por lo siguiente:

1) Por su propio nombre, porque es el único documento normativo del ordenamiento que se denomina “Constitución”.

2) Por su procedimiento de formación, único y distinto del resto de normas del ordenamiento, es la única norma creada por el poder constituyente.

3) Por su contenido característico, al regular los derechos fundamentales y la división de poderes, estableciendo las competencias de los órganos superiores del Estado.

4) Por sus destinatarios típicos, que no los únicos, los cuales resultan ser esos mismos órganos superiores del Estado, para los que establece el ámbito competencial y su organización y estructura básicas.

5) Por su régimen jurídico peculiar, que incluye, por ejemplo, su posición en el orden jurídico (superior a cualquier otra norma), y su procedimiento de reforma (distinto de las leyes ordinarias).

Como complemento o consecuencia de su supremacía jurídica, la mayoría de las Constituciones contemporáneas son rígidas. La rigidez constitucional es la traducción jurídica de la distinción política (en un primer momento) entre el poder constituyente y los poderes constituidos. Ello significa -la rigidez-, concretamente, que la Constitución no puede ser reformada por el mismo órgano y siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para reformar las demás leyes –ordinarias y secundarias-. Por tanto, se puede decir que la rigidez de una Constitución se produce siempre que en un determinado texto constitucional existan procedimientos diferenciados para la aprobación de las leyes y para la aprobación de las reformas constitucionales.

En ese orden de ideas, la distinción puede hacerse de varias maneras; así, puede establecerse que sea el mismo órgano el que lleve a cabo ambos tipos de reformas, pero a través de un procedimiento diferente, normalmente más complejo para el caso de las reformas constitucionales.

En este sentido, se pueden requerir mayorías calificadas o supercalificadas para aprobar una reforma constitucional, o se puede necesitar de un procedimiento que implique un periodo más largo de tiempo; de igual manera, bajo sistemas parlamentarios puede, incluso, requerir que cuando se proponga una reforma constitucional se disuelva el Poder Legislativo y se convoque a nuevas elecciones, de forma que sean los nuevos legisladores quienes se hagan cargo de votar la iniciativa propuesta por la legislatura precedente. Otra posibilidad es que las reformas legales y las reformas constitucionales sean llevadas a cabo por órganos diferentes.

Concretamente, el derecho comparado ofrece bastantes ejemplos de textos constitucionales que solamente pueden ser reformados por asambleas convocadas con ese único objeto, o bien por órganos que tienen una composición compleja: integrados, por ejemplo, tanto por el Poder Legislativo federal como por los poderes legislativos locales, por mencionar un caso que puede darse en un Estado organizado federalmente.

Las Constituciones rígidas frecuentemente suele compararse en oposición, para efectos pedagógicos, a las Constituciones flexibles. Es conveniente precisar que resultan con el carácter de flexibles aquellas Constituciones que pueden ser modificadas siguiendo el mismo procedimiento que se sigue para la aprobación o modificación de las leyes.

En un sistema constitucional que cuente con una Constitución flexible, como lo ha señalado Riccardo Guastini, la Constitución y la ley tienen la misma fuerza, se encuentran ubicadas en un mismo nivel jerárquico.

En consecuencia, el principio que regula sus relaciones no es el de lex superior derogat inferiori, sino el de lex posterior derogat priori, la ley (la norma, mejor dicho) posterior en el tiempo deroga a la anterior. Esto significa, además que, si una ley contiene una disposición contraria a la Constitución, dicha ley se entiende no como una violación constitucional, sino como una modificación a lo dispuesto por el texto de la Constitución.

La rigidez constitucional, si bien guarda estrecha relación con ella, no debe ser confundida con la supremacía constitucional. Como se ha dicho, es rígida una Constitución que no puede ser modificada a través del procedimiento que se sigue para la creación o modificación de una ley, mientras que supremo es un documento constitucional creado por el Poder Constituyente, mismo que desaparece después de haber expedido la Constitución. Puede haber Constituciones que sean supremas y no sean rígidas. La supremacía y la rigidez constitucionales se distinguen también por su objetivo: la primera sirve para identificar a las normas constitucionales, mientras que la rigidez busca contribuir a la estabilidad de la Constitución, al hacer más difícil su modificación.

La rigidez y la supremacía coinciden, sin embargo, en sus efectos: tanto en virtud de una como de otra, todas las normas del ordenamiento deben adecuarse, tanto formal como sustancialmente, a las disposiciones constitucionales. Si no lo hicieran así violarían tanto la supremacía como la rigidez constitucional. Ambas características, por tanto, sirven como parámetros de validez del resto de normas del ordenamiento.

Del autor: Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad de la Sierra, A. C., la Maestría y Doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en agosto de 1988 como Oficial Judicial y Actuario Judicial del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla; ha sido Secretario de Tribunal, Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Juez Octavo de Distrito “B” en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Juez Quinto de Distrito “A” en Materia Administrativa en el Distrito Federal; Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; y, actualmente Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Fue nombrado Magistrado de Circuito en abril de 2004.


[1] Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado, 22º edición. Editorial Porrúa, México, 1988, página 463.

[2] Carranco Zúñiga, Joel. Régimen Jurídico del Distrito Federal. Editorial Porrúa. México. Página XVI (prólogo).

[3] Córdova Arnoldo. La formación del Poder Político en México. Editorial Era, México. 1972. Página 68.

[4] De Pina Rafael. Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A. México, 1965. Página 114.

[5] Burgoa Orihuela, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 9ª Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1994, página 938.

[6] Carranco Zúñiga Joel. Régimen Jurídico del Distrito Federal. Editorial Porrúa. México. Página 16.

[7] Según Carré de Malberg: “Solamente cuando se trata de resolver las dificultades inherentes al funcionamiento del Estado o también de estudiar el desarrollo de su derecho en el porvenir, es cuando se puede y se debe recurrir a la teoría general del Estado como a una base de razonamiento y a un principio inicial de soluciones o de indicaciones útiles; pero, entiéndase bien, incluso en este caso es necesario buscar los elementos de esta teoría general en las instituciones constitucionales o en las reglas de derecho público consagradas por el orden jurídico vigente.” Teoría general del Estado; México, 1948; página 21.

[8] G. Jellinek, Teoría General del Estado. Buenos Aires, 1943. Páginas 539 y siguientes. Incluso citado por Felipe Tena Ramírez, en su obra Derecho Constitucional Mexicano. Trigésima edición. Editorial Porrúa. México. 2007. Página 4.

[9] Les six livres de la Republique; lib. 1, página 1. Citado por Felipe, Tena Ramírez, en la obra antes citada, página 5.

[10] Tena Ramírez, Felipe. Obra citada. Página 5.

[11] Kelsen, Hans. Teoría general del Derecho y del Estado, México. 1949.Página. 404.

[12] Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Universidad Nacional de México. Editorial Porrúa. Página 2895.

[13] Felipe Tena Ramírez, en su obra Derecho Constitucional Mexicano. Trigésima edición. Editorial Porrúa. México. 2007. Páginas 22-24.

[14] Aragón, Manuel, Estudios de derecho constitucional, 2ª edición, Madrid, CEPC.

[15] Ferrajoli, Luigi, Principia Iuris, Madrid, Trotta, 2011.

[16] Guastini, Riccardo, “Sobre el concepto de Constitución”, en Carbonell, Miguel (editor), Teoría del neoconstitucionalismo, Madrid, Trotta, 2007.

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